El texto firmado sustituye al convenio de 1996, en virtud de su adaptación al reglamento de la Objeción de Conciencia aprobado en Consejo de Ministros elpasado 30 abril, que fija un modelo de colaboración en materia de PSS entre las distintas administraciones.

El nuevo convenio determina que la promoción de plazas corresponderá a la Xunta, mientras que la Dirección General de la Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia se encargará de las órdenes de incorporación.

El acuerdo recoge que los objetores gallegos serán adscritos a su comunidad autónoma siempre que así lo deseen. No se incluyen en esta relación a aquellos objetores que vayan aadscribirse a programas de prestación dependientes de la Administración central o cuyo ámbito territorial exceda al territorio de Galicia.

La asignación de los destinos finales de la PSS corresponderá al Gobierno autonómico. Las solicitudes de aplazamiento y exención las recibirá la Dirección General de Objeción de Conciencia, que, una vez resueltas, las comunicará a la Xunta.

El convenio recoge, para este año, unas transferencias a la Comunidad Autónoma de Galicia por un importe máximo de 52.865540 pesetas. Con ese dinero, la Xunta facilitará a los objetores lo necesario para su formación, vestuario, equipo de trabajo, alojamiento, manutención y transporte, si fuera necesario.

Asimismo, controlará la duración de la PSS, el horario, los permisos, las vacaciones, así como todas aquellas cuestiones relacionadas con la condiciones de la prestación. El montante de estas tranferencias será revisado anualmente.

Las competencias para incoar e instruir expedientes disciplinarios corresponderá a a Xunta, mientras que la resolución y la imposición de sanciones será tarea de la Dirección General de Objeción de Conciencia.