La Consejería de Educación de la Xunta difundió hoy un comunicado oficial en el que indica que acatará la sentencia, basada en unacuestión procedimental y no de fondo. La Xunta, por tanto, llevará el contenido del decreto al Consello Escolar de Galicia, que no fue informado en 1990, pero a continuación el Gobierno prevé aprobarlo de nuevo en su actual formulación.

La plataforma de sindicatos de la enseñanza, vinculada a la Mesa por la Normalización Lingüística (MNL), uno de los colectivos que recurrió el decreto, pidió hoy públicamente al Gobierno que negocie una nueva redacción. El portavoz de la MNL, José Manuel Sarille, anuncó que recurrirán de nuevo si la Xunta se limita a cumplir el trámite del Consello Escolar de Galicia.

Según la MNL, la sentencia supone la anulación de unas dos mil exenciones concedidas para este curso al amparo de la norma ahora anulada. La Xunta anunció que estudiará fórmulas legales transitorias para que las exenciones se mantengan como hasta ahora.

Sarrille reprochó a la Xunta que la única norma legal sobre el uso del gallego puesta en vigor por el Gobierno de Fraga fuera para limitar su empeo. "La Xunta aplica el rodillo permanente en camino hacia la desnormalización", dijo.