Así se hace constar en la última Memoria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, organismo responsable del egistro Público de Contratos, al que deben informar de sus contratos de obras, suministros y servicios los tres niveles de las Administración Pública: la central, las autonomías y los ayuntamientos.

La citada Memoria, correspondiente a 1997 aunque cerrada este año, señala, en el capítulo relativo a las autonomías: "no entramos a considerar si la información recibida es completa o no, aunque es fácil establecer comparaciones, destacar la completa información de la Junta de Andalucía y la ausencia de daos del Gobierno de Navarra y de la Junta de Galicia, esta última única Comunidad Autónoma que no ha enviado datos sobre la contratación realizada, ni este año ni en los precedentes".

La información remitida por los gobiernos autónomos, al igual que ocurre con la facilitada por los ministerios para elaborar las estadísticas relativas a la contratación del Estado, tiene que incluir, entre otros datos, aclaración de la modalidad de adjudicación de los contratos: concurso, subasta o directa, A esta últimasólo recurrirse en supuestos tasados, principalmente por razones de urgencia, seguridad o falta de ofertas por las otras vías de contratación, ya que la ley estipula que el contrato y la subasta deben ser la norma general.

Fuentes de la Administración consultadas por Servimedia señalaron que no comprenden las razones del reiterado incumplimiento de la Xunta de Galicia, que ha dado hasta ahora la callada por respuesta ante los requerimientos de información que se cursan siempre antes de cerrar cada Memria.

De acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas para la Memoria del Registro Público de Contratos en 1997, los contratos adjudicados por los gobiernos autónomos en ese ejercicio tuvieron unos presupuestos de 1,7 billones de pesetas.

De esa cantidad, un 84% se adjudicó mediante concurso, un 3% mediante subasta y un 13% mediante el denominado "procedimiento negociado", es decir, por adjudicación directa de los órganos administrativos con capacidad para contratar.