Según fuentes de la Xunta, Galicia produce cada año 530.000 toneladas de residuos industriales catalogados como tóxicos y peligrosos. La mayor parte, más de 444.000 toneladas, son tratadas en las empresas que los generan, mientras que las 85.863 toneladas restantes, procedentes de pequeñas y medianas empresas que carecen de sistemas propios de trataminto, irán a parar a la planta de Somozas.

De las 85.863 toneladas, casi 21.000 serán sometidas a tratamientos físico-químicos, mientras que 51.000 irán a parar a depósitos de seguridad y las 13.600 restantes precisarán de incineración.

Esta cantidad no haría rentable una incineradora propia, por lo que la Xunta prevé llegar a una solución integrada con otras comunidades autónomas.

Un informe de la Consejería de Industria de la Xunta reconoce que el sistema escogido, por razones principalment económicas, no excluye lodos y efluentes líquidos que serán tratados en una depuradora antes de su vertido a las rías.

Sin embargo, esta realidad ha motivado acciones de protesta institucional de muchos municipios vecinos de Somozas, que temen una incidencia muy negativa de la planta sobre la riqueza marisquera y pesquera, o incluso la contaminación de las aguas de consumo.

Mientras, partidos políticos como PSOE y Bloque Nacionalista Galego creen que la planta va a recibir residuos de otras zona del Estado e incluso de Europa.

La Asamblea de grupos Ecologistas y Naturalistas de Galicia asegura que el estudio de impacto ambiental aprobado por la Xunta en este caso incumple normativas de seguridad y asegura que los efluentes podrían contaminar gran cantidad de acuíferos que van a dar a los ríos Mera y Xubia.