"Entre las modificaciones principales que se llevarán a cabo", señaló Aguilar, "está la reducción de los años de empadronamiento requeridos a los solicitantes, que actualmente está en los 5 años".

El borrador para la reforma fue consensuado con los sindicatos y entrará en la Cámara autonómica en el próximo periodo de sesiones. La Xunta estima que el número actual de beneficarios del salario social, unos 3.000, crecerá con los cambios en torno a un 10 por ciento.

Manuel Aguilar, que recordó que la gallega es una ley joven, dado que el primer ejercicio completo en que se aplicó fue el del 92, dijo que "esta es una ley que se aplicó sólo en tres ejercicios completos y que ha planteado algunas incertidumbres prácticas".

Asimismo, destacó que en esta materia no hay experiencias antiguas, dado que las leyes de otras autonomías son del período 89-92, salvo en el caso de Bleares, donde se aprobó el año pasado.

CONSENSO

El responsable de Servicios Sociales en la Xunta, que subrayó que es necesaria la prudencia en los retoques de la ley, señaló que "tras las negociacioens con empresarios y sindicatos se procedió a encargar un análisis económico y el estudio a cargo de la Política Lingüística para desterrar los términos sexistas".

La reforma de la ley que regula el salario social gallego comenzó a debatirse hace dos años. Aguilar insistió en que la ley no es sencila y que su departamento consideró siempre prudente un período de rodaje antes de decidir la reforma, para hacer los cambios de forma valorada y madura. El resultado ha sido, según sus palabras, "un bloque muy satisfactorio de consenso" .

CRITICAS

Por su parte, portavoces sindicales han criticado el que se mantenga la obligatoriedad de reclamar prestación de alimentos ante los familiares -cuestión prevista en el Código Civil- antes de tener derecho a percibir la renta de inserción social de Galicia. Aguilar reconoció que "en ocasiones hay circunstancias difíciles para ejercer ese derecho", aunque matizó que "ninguna política social puede ni debe sustituir a la familia. Para recuperar la dignidad es necesario que la persona ejercite sus derechos ante sus familiares".

El responsable de Servicios Sociales afirmó que "el requisito de haber reclamado judicialmente la prestación de alimentos puede ser obviado si así lo indica un informe de los asistentes sociales de base".

Otra de las medidas riticadas por los portavoces de los sindicatos es que se mantenga en 25 años la edad base para tener derecho a percibir el salario social.

Sin embargo, Manuel Aguilar argumentó que en este apartado se introducen importantes excepciones, extendiendo el derecho a mayores de 18 años con menores a su cargo, a los menores de 25 que salen de centros de acogida y a los discapacitados sin otras ayudas sociales.