Gil Sotres rehazó las imputaciones del diputado socialista Ramón Feliz Blanco, quién recordó que entre los detenidos hubo un alcalde y varios concejales del PP, para insinuar que tras la operación fraudulenta podría ocultarse un caso de financiación ilegal de este partido.

Al respecto, el consejero dijo que la motivación de los funcionarios e intermediarios implicados en el cobro de comisiones por la concesión de pensiones inmerecidas era meramente económica.

Asimismo, rebajó el calificativo del portavoz socilista y agregó que más que trama perfectamente organizada lo que habia era "una tramiña", aunque reconoció que las pensiones otorgadas de manera fraudulenta afectan a la práctica totalidad de los municipios de Lugo.

Sotres dijo que su departamento realizó una investigación aleatoria en las restantes provincias gallegas sin que llegara a detectarse ningún caso similar.

Por otro lado, criticó la falta de colaboración de la inspección de Trabajo de Lugo que denunció al Gobierno Civil sus sospechas delfraude en septiembre de 91 con la administración autonómica, que tuvo conocimiento e inició su propia investigación administrativa en febrero de 1992.

Hasta la fecha la investigación de la Xuntas ha detectado 371 expedientes de pensiones irregulares, y decretó resolución de baja cautelar para 261. Mientras se mantienen las investigaciones, la Xunta decretó ya baja definitiva para 75 pensiones otorgadas fraudulentamente, y a cuyos beneficiarios le fueron requeridas cantidades percibidas inmerecidamente