El Ejecutivo gallego consideró inadecuado y sin posibilidades de ser aceptado el recurso preparado por Clemente González Peón (el abogado que representó a la Xunta de Galicia en todo el proceso), tras un informe de su propia Asesoría Jurídica General y un ictamen elaborado por dos expertos en Derecho Procesal.

Por ello, el Gobierno que preside Manuel Fraga optó por no presentar el recurso, al existir poderosas razones que "acreditaban que iba a ser inadmitido o en todo caso desestimado", lo que causaría graves perjuicios económicos a la Xunta.

Según un informe de la Asesoría Jurídica General de la Xunta difundido anoche, la presumible inadmisión del recurso que no llegó a presentarse supondría una probable condena a pagar incluso más de cien milloes de pesetas en costes.

El letrado que actuó en nombre de la Xunta, Clemente González Peón, ha achacado la decisión de la Xunta a su actuación profesional en defensa de un particular afectado y en contra de una empresa que realizaba una obra del Gobierno gallego en la península del Barbanza (La Coruña).

Según la Asesoría General de la Xunta, la función acusadora del Gobierno gallego en modo alguno se ve mermada por la decisión de apartar a González Peón y no presentar recurso de casación propio.Según ese informe, la presencia de la Xunta está asegurada en el proceso aun en el supuesto de que no fuera admitida la adhesión al recurso del ministerio fiscal.