Contestando a estas acusaciones del sindicato gallego, la Xunta indicó que los plazos para la tramitación de la renta de integración social de Galicia (RISGA) dependen de manera fundamental de la diligencia de cada ayuntamiento para preparar los correspondientes proyectos de inserción.

Según el departamento autonómico de Asuntos Sociales, en los últimos meses se stá a haciendo un gran esfuerzo de agilización. En un comunicado oficial difundido para responder a la CIG, la Xunta afirma que en el pasado mes de febrero se recibieron 360 solicitudes de ayudas sociales y se resolvieron 424 recibidas anteriormente.

La CIG reclamó una reforma urgente de la ley que regula la concesión de ayudas de emergencia social y salario social, para que puedan beneficiar a más personas y se adjudiquen con mayor celeridad.

El año pasado solicitaron estas ayudas más de cinco ml personas, pero sólo la mitad las consiguieron.