Los representantes de esos centros de menores mantuvieron una reunión esta mañana en antiago con el director general de Servicios Sociales del Gobierno gallego, Javier Batán.

Según Martínez, la consejería de Servicios Sociales anunció que firmará un nuevo acuerdo con los responsables de los centros en enero de 1993 porque la Xunta aumentará el presupuesto destinado a esta partida por encima del IPC en los próximos cuatro años.

El presidente de los centros de menores explicó que, en la actualidad, su colectivo atiende al 80 por ciento de los menores de la comunidad, "pero sólo tenmos el 25 por ciento del presupuesto".

Galicia paga una media de 4.400 pesetas por niño y día a los centros de protección de menores que dependen de la consellería de Trabajo y no más de 1.800 a los centros colaboradores, según datos que facilitó este colectivo al que pertenecen los 60 centros que se entrevistaron esta mañana con Batán.

El colectivo, que días pasados denunció que la Dirección General de Servicios Sociales le "usurpó" 90 millones de pesetas, llegó a un preacuerdo con el director gneral, que aseguró que asumirá esta deuda a partir de enero del 93.

Batán afirmó también que en los próximos cuatro años mejorará progresivamente la financiación y que modificará cualitativamente el enfoque de su política de protección al menor.

Para Angel Martínez, si la situacion no mejora, peligra la subsistencia de estos centros, "ya que actualemente funcionan con voluntarios o trabajadores infrapagados y cada vez es más difícil encontar personal dispuesto a colaborar en estas condiciones". Asimismo, recordó que los responsables autonómicos se habían comprometido ya en junio pasado a mejorar estas deficiencias sin llegar a cumplir su promesa. Tras el acuerdo de hoy, el colectivo ha decidido conceder a la Xunta una semana más "antes de dar a conocer otra negligencias".

"No hay mejor voluntad ahora, lo que ocurre es que han visto las orejas al lobo", dijo un representante de los centros afectados que duda que la Xunta afrote sus promesas entre las que destacan la participación en la acetación de familias que quieran acoger niños desprotegidos.

El Gobierno autónoma prevé además el desarrollo de programas de actuación en materia de prevención de malos tratos, formación permanenete de educadores, colaboración con la universidad como fuente de aportación de personal y trabajos con las familias para facilitar la reinserción de los menores.