Saliendo al paso de críticas sindicales sobre el supuesto reparto de cargos administrativos entre familiares y militantes del PP, las mismas fuentes del Ejecutivo de Manuel Fraga indicaron que tanto esa posibilidad como la de que fueran las centrales sindicales quienes decidieran de modo unilateral quienes pueden ocupar los puestos en la administración autonómica serían claramenteinconstitucionales y discriminatorias.

Portavoces sindicales de los funcionarios reconocieron hoy que no parecen existir irregularidades penales o administrativas, dado que los actuales gobernantes hicieron la normativa a su medida y ahora la cumplen adecuando las características de cada plaza sacada a concurso a las características personales y profesionales del "enchufado" destinado a ocuparla.

Los sindicatos han denunciado recientemente favoritismos que habrían beneficiciado a Segundo Vázquez ortomeñe, hermano del actual consejero de Cultura, José Luis Rodríguez Pedreira, sobrino político de Manuel Fraga, Ana Garrido, esposa del diputado del PP Gerardo Conde Roa, o sendas sobrinas del presidente de la Xunta y del Parlamento, entre otros numerosos casos.

Las presuntas irregularidades denunciadas por los sindicatos son diversas y van desde la concesión de las buscadas jefaturas de servicio a comisiones de servicios al margen de la legalidad estricta.

LA LEGALIDAD

El Gobierno gallego aeguró hoy que todos los nombramientos se hacen de acuerdo con la más estricta legalidad, siguiendo una Ley de la Función Pública aprobada cuando gobernaba el socialista Fernando González Laxe, y que la relación de puestos de trabajo fue aprobada con el informe favorable de la junta de personal, donde están representados los sindicatos.

La Xunta afirma que las plazas están ocupadas por funcionarios de carrera que cumplen todos los requisitos necesarios y que disponen de amplias trayectorias profesionals en la administración pública. Según estas mismas fuentes, el hecho de que alguno de los beneficiados tenga vínculos familiares con miembros del Gobierno gallego no influyó nunca en el proceso.

La Xunta también afirmó hoy que los puestos de libre designación no superan el 7% del total, y el porcentaje apenas ha crecido en los últimos años.