La defensa de estos dos miembros de Herri Batasuna (HB) había pedido al juez Garzón que revocase la prisión incondicional de estos dos imputados, a la vista del auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal por el que se dejó en libertad bajo fianza de un millón de pesetas a la integrante de la mencionada coalición "abertzale" Elena Beloki, también imputada en este caso.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala e lo Penal levantaron la prisión preventiva de Beloki por considerar que la imputación de integración en una organización terrorista no se extendía a ninguno de los delitos de terrorismo especificados en el Código Penal (estragos, asesinato, etcétera).

Sin embargo, el juez Garzón considera que el delito de integración en una organización terrorista que se les imputa a Gorka Martínez y a Miriam Campos es tan grave como cualquier otro cometido "desde el seno" de la banda terrorista contra personas concrtas.

Según Garzón, en una organización terrorista como ETA-KAS "tan esencial es, para su propia existencia, el aparato o frente político y de relaciones internacionales, como el aparato o frente militar, o el económico o informativo, o de masas".

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considera que el riesgo de que Gorka Martínez y Miriam Campos se fuguen "es real", dado que la investigación de la red Xaki aún no ha concluido.

Por este caso seencuentran imputados un total de 16 personas, de las que 13 se encuentran en libertad bajo fianza y entre quienes se encuentran Jokin Gorostidi, ex miembro de la Mesa Nacional de HB; Iñigo Elkoro, responsable de Relaciones Internacionales de Gestoras pro Amnistía; Mikel Korta, considerado un "histórico" dirigente de la misma organización, y Sabino del Bado, ex parlamentario de HB.

Además de Gorka Martínez y de Miriam Campos, también se encuentra en prisión preventiva Mikel Eguibar, quien recurrió antela Sala de lo Penal la decisión del juez Garzón de enviarle a la cárcel.

El fiscal ya pidió en su día el procesamiento de todos ellos por su relación con la red Xaki, que, según el juez encargado del caso, Baltasar Garzón, se trata de una asociación con apariencia legal a través de la cual, desde 1996, ETA controla y da cobertura a los integrantes de la banda terrorista que han huido de España y residen en el extranjero.

Según Garzón, Xaki es una organización que obedece las directrices de ETA y ace las veces de Ministerio de Asuntos Exteriores de la banda terrorista.