Junto a la creación de una fiscalía para delitos ambientales, el Fondo para el patrimonio natural o la prohibición de cambiar el uso del suelo durante 30 años tras un incendio, la organización valoró el compromiso de promover un consumo responsable de productos forestales en los procedimientos de contratación pública.

Con ello, explican, se promueve la adquisición de madera y productos derivados que provengan únicamente de bosques certificados y evitar así las talas ilegales e insostenibles.

Por otro lado, Adena lamentó que no haya una apuesta clara por el sistema de certificación más creíble, el FSC (Forest Stewarship Council), basado en el equilibrio de intereses sociales, ambientales y económicos a escala global y local, para luchar contra las talas ilegales sobre la base de la participación social, verificación independiente y la transparencia.