Así lo pone de manifiesto en el informe ‘Unfinished Business: The progress in policies to end violence against children’ (‘Asuntos pendientes: Los avances en las políticas para acabar con la violencia contra la infancia’, en español), publicado este lunes con motivo de la conmemoración de la Semana de los Derechos de la Infancia.

Este trabajo atestigua que “ni uno solo de los países analizados (21) ha ilegalizado completamente, hace cumplir, la prohibición de todas las formas de violencia contra los niños y las niñas”.

En ese sentido, la directora senior de Políticas Públicas de World Vision, Tamara Tutnjevic, constató que “la falta de acción y progreso hacia el cumplimiento de los compromisos nacionales para poner fin a la violencia contra los niños y niñas es profundamente preocupante y tendrá consecuencias a largo plazo para la infancia y sus comunidades”, y deslizó que “lo que no siempre es obvio es el impacto en el futuro”, como lo atestigua que “el coste económico mundial de la violencia contra los niños y niñas se estima en siete billones de dólares anuales, si se tiene en cuenta la pérdida de productividad futura”.

También afirmó que la escala y el alcance de los programas para reducir la violencia contra la infancia son “insuficientes” para afectar al panorama nacional e internacional.

El informe desgrana que 160 millones de niños están sometidos a distintas formas de trabajo infantil, unas cifras que no paran de crecer como consecuencia del cambio climático; y que 12 millones de niñas se casan durante su infancia, por lo que harán falta 300 años para eliminar el matrimonio infantil.

De los países estudiados, son los africanos los que presentan las tasas más elevadas de matrimonio infantil y las segundas más altas de trabajo infantil del mundo.

Ante esta situación, Tamara Tutnjevic instó a “todos los gobiernos para que intensifiquen urgentemente sus esfuerzos y aumenten las inversiones para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas”.