Según estas patronales, estas nuevas medidas expulsan del mercado a la mayoría de las licencias actuales, ya que, además de introducir nuevas restricciones, mantienen las ya existentes como los 15 minutos de espera antes del comienzo del servicio, prohibición a sistemas de geolocalización o la prohibición de estacionar en la vía pública.

Entre las nuevas restricciones, que las patronales tachan de “injustificadas”, destacan las de haber prestado más de 100 servicios en el último año o la introducción de un límite al tamaño de los vehículos que deja fuera al 90 % de las flotas actuales.

Por ello, sostienen que dichas regulaciones contradicen las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de regulación del sector del taxi y VTC, así como a la competencia y a los principios de buena regulación económica de los mercados según la Autoridad Catalana de Competencia.