La coordinadora jurídica nacional de Vox, Marta Castro, quien dirigió la acusación popular de la formación junto con el equipo jurídico provincial, ha formulado la solicitud de apertura de juicio oral contra Oltra y los funcionarios que colaboraron con la entonces consejera, bien para “proteger” a su marido o su “carrera política”.

Esta situación, denuncia Castro, llevo a “dejar desprotegida a una menor por parte” de “quienes tenían la obligación de hacerlo, colocándola en una situación de riesgo, al estar el autor de los abusos sexuales reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida”.

A esta situación de “desamparo” de la menor, continúa Castro, “se llegó después de que los acusados, de común acuerdo y con el ánimo de encubrir los abusos sexuales cometidos por el entonces marido” de Oltra, a una menor tutelada, “no denunciaron, a pesar de tener obligación para ello, unos hechos tan graves como unos abusos sexuales a una menor tutelada”.

Por ello, Vox acusa tanto a Oltra como al resto de funcionarios que “encubrieron” los hechos de un delito de “prevaricación administrativa”, “abandono de menores”, “omisión del deber de perseguir delitos” y “encubrimiento”.