Vox exige declarar la nulidad de la tramitación por “vulneración” del artículo 23 de la Constitución Española, además considera que “se acude en fraude de ley” al procedimiento de aprobación con la exclusiva finalidad de “eludir el procedimiento de aprobación de un proyecto de ley más riguroso y garantista”.

Además, este partido también ha recurrido la previa decisión de admitir a trámite y calificar positivamente las enmiendas 61 y 62 presentadas a dicha propuesta normativa, así como las decisiones de no requerir la incorporación al procedimiento de informe por parte del CGPJ y el TC, del secretario general o el correspondiente letrado de las Cortes Generales.

“Encontrándonos en el supuesto de urgencia excepcional, Vox ha solicitado la adopción de medidas cautelares al amparo del articulado 56.3 y 6 LOTC, consistentes en la suspensión de la tramitación de la iniciativa legislativa indicada”, expone el partido de Santiago Abascal en una nota.

Vox recoge en su recurso que no procedería la admisión de un proyecto de ley orgánica con el contenido que se plantea, pues “ya queda patente y evidenciada la afectación constitucional que tienen como consecuencia el ataque democrático instaurado en el artículo 1 de la Constitución, al tener por finalidad la destrucción de la unidad de España”.

Otro de los aspectos que Vox advierte en su recurso es que los hechos ocurridos a partir del 1 de octubre de 2017 en Cataluña “se podrían repetir”. En este caso, en “otro escenario”, que es “el que pretenden crear con esta modificación legal, en la que las herramientas de las que se dota el sistema democrático quedan vaciadas y bajo el control del poder ejecutivo”.

OTRAS INICIATIVAS

Asimismo, Vox recuerda que antes de todo esto el 14 de noviembre presentó un escrito a la Mesa del Congreso solicitando la inadmisión a trámite de la solicitud de tramitación de la proposición de ley de “transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”.

A su vez, el 12 de diciembre, tal y como se anunció en rueda de prensa en la sede nacional de Vox, se presentaron solicitudes de inadmisión de las enmiendas 61 y 62, presentadas por el PSOE y Unidas Podemos para frenar el “golpe” al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial.

También se solicitó a la Mesa de la Cámara Baja que se requiera por parte de su presidenta, informes al CGPJ y al TC sobre el asalto al Poder Judicial y le requirió la solicitud del dictamen del Consejo de Estado, informe de la Abogacía del Estado, del ministerio de Justicia e informe del secretario general y de los letrados de las Cortes Generales.