El pasado 14 de octubre, el Senado acordó devolver a la Cámara Baja la ley de aplicación de antecedentes penales en la UE, que reduce la estancia en prisión de etarras que han pasado por cárceles de otros países, al interpretar que el voto contrario a esta norma supone que ha sido vetada.

Pese a ello, el día siguiente la Mesa del Congreso interpretó que la Ley Orgánica 7/2014, que permite a los presos de ETA conmutarse las penas cumplidas en Francia, fue “validada” tras la maniobra “inédita” del Senado, por lo que decidió remitírsela formalmente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y aprobación definitiva.

En el escrito, el partido de Santiago Abascal lamenta que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, “obviase el veto del Senado con la intención de evitar que dicha ley se debatiera en el Pleno del Congreso” y sostiene que dicho acuerdo “no ha sido trasladado a los grupos parlamentarios” y en concreto al de Vox, que “lo solicitó por escrito”.

Asimismo, este partido reclama en el escrito los informes elaborados por los servicios jurídicos de la Cámara Baja a este respecto. “Esta falta de transparencia afecta notablemente a la creciente desconfianza de los españoles hacia las instituciones”, denuncian los de Abascal en el documento.