Así lo anunció la formación política este miércoles mediante un comunicado en el que denunció que la falta de estabilidad y de previsibilidad en las regulaciones y la actual "ruptura del marco jurídico que permite a unos pocos no tener que pagar por sus delitos" impactan negativamente en la toma de decisiones de las empresas sobre dónde invertir y expandirse.

Este ambiente, "caracterizado por cambios frecuentes y decisiones discrecionales o una presión impositiva alta, desincentivan la inversión", señalaron desde el partido.

Respecto de la fiscalidad, la formación afirma que en España actúa como un factor que desalienta la inversión y añade que, de acuerdo con el Índice de Competitividad Fiscal Internacional (ICF) de TF, España se encuentra entre los cinco países menos competitivos en materia fiscal dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupando el puesto 34 de 38 en el ranking, descendiendo once puestos desde finales de 2019.

En cuanto al ámbito laboral, Vox destaca que "el Gobierno no ha dejado de incrementar los costes laborales para las empresas y autónomos". "El aumento de las cotizaciones sociales a cargo de trabajador y empleador, el aumento de los impuestos que gravan a ambas partes, el aumento de las bases mínimas de cotización y la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, hacen que cada vez sea mayor el coste por trabajador", constata.

Vox apunta que, según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios industriales ha aumentado un 57,4% desde mediados del año 2020, motivado en buena medida por las decisiones de política energética del Gobierno. "El cierre de centrales térmicas y la obsesiva diligencia por cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 han puesto en tensión el precio de la energía en España".

El partido señala el volumen normativo como otro de los grandes problemas a los que se enfrentan las empresas españolas debido a la burocracia, las trabas administrativas y mayores costes de cumplimiento. Así, destaca el "caos" normativo derivado del modelo del Estado de las autonomías.

"Este sistema obliga tanto a las empresas como a los ciudadanos a lidiar con una variedad de marcos legales, a menudo contradictorios, que restringe la capacidad de las empresas para crecer y generar empleo, evidenciando una clara ruptura de la unidad del mercado nacional", argumenta.

Ante esta situación, el grupo en el Congreso exige al Gobierno adoptar todas las medidas necesarias dirigidas a crear un marco normativo "simplificado, estable y homogéneo" en todo el territorio nacional, que tenga como fin proteger el tejido empresarial existente, fomentar la relocalización de empresas y centros de producción y atraer nuevas inversiones a nuestro país, así como incrementar la productividad.

Asimismo, solicita que se lleven a cabo las reformas necesarias encaminadas a reducir el esfuerzo fiscal que tienen que soportar las empresas españolas y aumentar la competitividad fiscal, en un contexto general de rebaja de impuestos para todos los españoles.

Vox también exige promover un marco fiscal y laboral que incentive la contratación, a través de una rebaja inmediata de las cotizaciones sociales a cargo de empresas y trabajadores, así como de una reducción y simplificación del Impuesto sobre Sociedades para las empresas que creen empleo y acometan inversiones productivas.

La formación pide emprender con carácter inmediato una rebaja sostenida del déficit público que suponga la minoración de la deuda pública a niveles compatibles con la sostenibilidad económica de la Nación en el medio plazo, a través de la disminución drástica del gasto político improductivo a cargo de la Administración General del Estado, así como del estudio y eliminación de las duplicidades administrativas producto del modelo territorial.

Según Vox, el Ejecutivo debe promover políticas de ayuda a los trabajadores autónomos, con reducciones y bonificaciones de la cuota cuando los ingresos netos no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así como reducir el tipo y simplificar el Impuesto sobre Sociedades para favorecer el crecimiento de las empresas y la creación de empleo en España, así como para atraer los beneficios generados por empresas en el exterior.

Desde la formación apuestan por reducir el volumen normativo, trámites y procedimientos administrativos, minimizando trámites y costes para la constitución y puesta en marcha de una empresa y solicitan impulsar los cambios normativos precisos para la derogación "de todas las leyes ideológicas del Gobierno que imponen exigencias a las empresas que se traducen en mayores costes regulatorios para estas".

La formación considera que hay que preservar el medio ambiente desde el sentido común, la responsabilidad y la protección e impulso de la economía, acompasando dicha protección a las necesidades reales de España y sus capacidades y, por tanto, libre de imposiciones ideológicas.

Y, por último, solicita al Ejecutivo que se garantice una verdadera unidad de mercado eliminando las duplicidades, trabas y desequilibrios entre las distintas administraciones territoriales.