En concreto, esta iniciativa que Vox registró en la Cámara Baja mientras el PSOE negociaba la investidura de Sánchez con “prófugos de la Justicia y partidos que llevan terroristas en sus listas” pretende impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario “colaboren, negocien o pacten con prófugos o condenados por la Justicia”.

En el texto, Vox recuerda que el pasado 4 de septiembre la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, viajó a Bruselas para reunirse con el expresidente catalán Carles Puigdemont, un viaje que tuvo lugar en el contexto de la ronda de contactos que el Gobierno mantuvo para obtener los apoyos necesarios para que Sánchez volviera a ser investido presidente.

Para Vox, los hechos protagonizados por la ministra de Trabajo son de “una gravedad extrema”, ya que “desde un punto de vista moral y político suponen contradecir por la vía de los hechos la resolución del Tribunal Supremo que acusa a Carles Puigdemont de desobediencia y malversación”.

Según este partido, el citado encuentro entre el Gobierno y Puigdemont “constituye un verdadero escándalo”, pues se trata de unas negociaciones con partidos como Junts, Bildu o ERC que “persiguen objetivos políticos alejados totalmente de la Constitución y el ordenamiento jurídico”.

Así, entre otros aspectos, Vox propone con esta iniciativa impulsar una regulación del indulto que proscriba su aplicación para los casos de delitos cometidos por miembros del Gobierno de la nación, autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus cargos o en contra del criterio del Tribunal sentenciador o de la víctima.

También pretende establecer “cuantas medidas sean necesarias” para “impedir que las actuaciones relacionadas con negociaciones o acuerdos de índole política menoscaben la unidad de España, su prestigio y la solvencia de sus Instituciones, con especial atención a jueces y tribunales, así como su imagen internacional”.

Además, aboga por garantizar que no se utilizarán bajo ningún pretexto fondos ni medios públicos para facilitar la negociación, contacto o pacto político con prófugos o condenados de la Justicia. Esta iniciativa la defenderá en el Pleno el diputado de Vox por Valencia Carlos Flores.