La iniciativa registrada tiene por objetivo “rechazar cualquier acuerdo que contemple la creación de una singularidad en la financiación regional de Cataluña”. Es decir, acabar con “las desigualdades entre los españoles de diferentes regiones”. Además, denuncia el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC el pasado mes de julio.

Para Vox, este acuerdo “revela el propósito de configurar una soberanía de ámbito regional que solamente puede desarrollarse en detrimento de la soberanía nacional española” y es “la manifestación escrita de una conspiración criminal de los dos partidos firmantes y del Gobierno central en contra de la unidad nacional y del orden constitucional”.

Con este acuerdo, “Cataluña tendría un régimen económico específico acordado directamente con el Ejecutivo central”. Según Vox, el principio de igualdad “es un pilar fundamental de la Constitución” que la concesión del cupo catalán “violaría, creando ciudadanos de primera y de segunda categoría según su residencia”.

Además, critica que “es la masiva transferencia de competencias a las comunidades”, de las que “son responsables el PP y el PSOE”, la que “ha motivado el exorbitante incremento de gastos por los poderes públicos regionales y, a su vez, ha llevado a los más cínicos de ellos a reclamar sistemas especiales de financiación” caracterizados por la “insolidaridad y el egoísmo”.

Ante ello, el partido de Santiago Abascal propone “el desmantelamiento del Estado autonómico y la configuración de un Estado unitario basado en la unidad y la soberanía nacional y plenamente consagrado al bien común”.

Asimismo, esta formación pide al Gobierno de Pedro Sánchez que manifieste públicamente un rechazo “tajante e inequívoco” al acuerdo entre el PSC y ERC y “renuncie a impulsar cualquier acción que permita la ejecución” del pacto y adoptar las medidas “necesarias” para impedir su incumplimiento.

Apuesta también por promover las modificaciones legislativas “oportunas” para garantizar “la igualdad de todos los españoles” y entre todas las regiones de España y reconocer y rechazar las duplicidades administrativas e institucionales que genera el Estado autonómico, así como impulsar todas las acciones precisas para poner fin a las mismas.

Finalmente, insta al Ejecutivo a clarificar las “consecuencias negativas derivadas de las desigualdades provocadas por el sistema de financiación autonómica” y a impulsar la recuperación “inmediata” por el Estado de las competencias en materia de educación, sanidad, seguridad y justicia.