Según explicó la formación de Santiago Abascal, las subvenciones estatales que reciben los sindicatos dependen de la representatividad sindical y esta se mide según el número de delegados que tenga cada uno en diferentes empresas. Por ello, sostuvo que "es de vital importancia que el cálculo a los referidos delegados se haga de forma precisa y real". Así, Vox exigió este lunes eliminar por completo las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

Denunció "la falta absoluta de fiscalización" sobre los sindicatos permitida por los sucesivos gobiernos que ha tenido "numerosas consecuencias perversas para el sistema". Asimismo, añadió que su iniciativa se centra en que "el duopolio sindical accede a subvenciones públicas que no le corresponderían debido a que un enorme número de representantes de trabajadores permanecen inscritos en las correspondientes oficinas públicas como delegados de personal o miembros de comités de empresas que se han extinguido".

Vox afirmó que las cifras de estos casos "varían entre los 30.000 y los 80.000 delegados" y que "estos 'delegados fantasmas' representan una injusticia manifiesta al generar una ventaja para los sindicatos supuestamente mayoritarios que estarían recibiendo entre uno y tres millones de euros que no les corresponderían".

Ante esta situación, este grupo parlamentario incidió en que “es preciso avanzar hacia un marco jurídico que frene la sobrerrepresentación fraudulenta de unos sindicatos de clase que se ha traducido en privilegios públicos en muchos casos carentes de justificación real".

Además, señaló que “el sindicalismo ha de entenderse como un instrumento positivo de representación y mediación para la consecución de fines comunes entre empleador y empleado, y no como una estructura mafiosa para el enriquecimiento propio y el de sus dirigentes".