Según fuentes de la patronal de promotores y constructores de edificios consultadas por Servimedia, la futura ley impone unas garantías para evitar los riesgos en la edificiación, a través de pólizas de seguro y avales bancarios, que harán recaer en los consumidores finales de vivienda un sobrecoste de unos 120.000 millons de pesetas al año.

Para los empresarios del sector, el texto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es "innecesario" e "insuficiente", porque hay legislación suficiente en España para exigir garantías en la edificación. "Además, deja sin resolver viejos conflictos del sector, como las relaciones entre los arquitectos y los aparejadores o la licencia única que evite burocracias", agregaron.

A su juicio, el motivo de que el Gobierno haya optado por hacer una ley que las autoridadescomunitarias tardan en elaborar, por las diferencias de criterio entre los "doce", es la lentitud de la justicia española.

Los portavoces de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (APCE) consultados por Servimedia consideran que el verdadero problema para exigir responsabilidades en la construcción es que una persona puede tardar 6 ó 7 años para ver resuelta su demanda.

Otros aspectos del proyecto de ley criticados por los promotores son la obligatoriedad de estar titulados paratodos los que tengan cometidos de diseño, control y coordinación de las obras, "aspecto que limita la libertad de operatividad en el sector", y la posible "invalidez" del sistema diseñado por el Gobierno.

En su opinión, existen serias dudas sobre la viabilidad del sistema de garantías con pólizas y avales ideado por el MOPT, ya que el volumen de negocio del sector es tan grande, entre 2 y 3 billones de pesetas al año, que ninguna compañía podrá asegurar las pólizas que se exigirán si no cuenta con un easeguro nacional e incluso internacional.

La repercusión de las pólizas y los avales sobre el precio de las viviendas no será igual en todo el país, ya que el coste del seguro dependerá del precio final de la edificación, al haberse pensado en un modelo que obliga al promotor a cubrir sus riesgos en función de las coberturas que hayan suscrito el resto de los agentes que contrata para la edificación.

Esta circunstancia, indicaron, hará que los precios de la pólizas evolucionen, en parte, por el fecto de la demanda inmobiliaria y, por tanto, que la repercusión de la ley encarezca más las viviendas en unas zonas que en otras.

LA RESPUESTA OFICIAL

Por su parte, fuentes de la Dirección General de la Vivienda consultadas por esta agencia aseguraron que la ley ha sido muy discutida con todos los agentes del sector, incluidas las compañías aseguradoras, y que el sistema elegido finalmente es el que a juicio de la Administración conlleva menos costes para el sector.

Los responsables del MOPT eñalaron que el objetivo del Gobierno con esta ley "es regular un sistema de garantías que no deje desprotegido al consumidor final ante los riesgos derivados de posibles defectos en la construcción de edificios".

La futura normativa sobre edificaciones exigirá que todos las coberturas se extiendan en el tiempo entre 1 y 10 años después de terminado el edificio, según el área que cubrirá cada póliza.

Los arquitectos deberán cubrir sus responsabilidades mediante un seguro, mientras que los promotoes, contratistas y el resto de agentes de la construcción podrán hacerlo mediante una póliza o un aval bancario.