Fuentes del departamento dirigido por Isabel Rodríguez aseguran que la situación en torno a esta medida, cuya prórroga hasta 2028 fue pactada con Podemos en el mes de enero, “no se va a quedar sin resolver”.

La suspensión de desahucios a deudores hipotecarios fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y se ha prorrogado desde entonces en varias ocasiones, la última en el año 2020.

La última extensión fue pactada por el Gobierno con Podemos en la negociación de la aprobación del real decreto anticrisis. El Ejecutivo se comprometió a introducir la prórroga en la tramitación de la norma como proyecto de ley, pero esta se encuentra todavía en una fase muy preliminar, lo que impediría su aprobación antes del fin de la vigencia de la medida, el próximo 15 de mayo.

En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna advirtió este martes de que su formación no podría “hablar de más medidas” con el Ejecutivo si éste incumple el compromiso que adquirió con su partido.

El diputado exigió al Gobierno “que cumpla lo pactado”, por la “urgencia social de primer orden” que se crearía si no se prorrogara, y, a nivel parlamentario, le avisó de que no cumplir el acuerdo “supondría un antes y un después en esta legislatura” y “una pérdida de confianza total”.

PROTECCIÓN A VULNERABLES

Esta norma protege de los desahucios, en concreto, a las familias numerosas, las monoparentales con un hijo a cargo, con menores de edad, con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o incapacidad permanente. También a aquellas en las que el deudor se encuentre en situación de desempleo, con víctimas de violencia de género o mayores de 60 años.

No obstante, la ley marca que, además de pertenecer a alguno de esos colectivos, se deben cumplir una serie de circunstancias socioeconómicas de vulnerabilidad. En concreto, los ingresos de la unidad familiar no deben superar el límite de tres veces el Iprem en 14 pagas (8.400 euros en 2023), aunque se eleva a cuatro o cinco veces en determinados casos. Además, el límite se incrementa por cada hijo a cargo.

Además de sus límites de ingresos, la unidad familiar habrá tenido que sufrir en los cuatro años anteriores a la solicitud de suspensión del desahucio una “alteración significativa” de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, que la norma entiende como que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar “se haya multiplicado por al menos 1,5”.

Por último, la cuota hipotecaria debe resultar superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de la unidad familiar y el crédito o préstamo de la hipoteca debe recaer sobre “la única vivienda en propiedad del deudor” y debe haber sido concedido para su adquisición.