En este grupo, creado en el mes de diciembre por mandato de la Ley de Vivienda, participan representantes del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, sindicatos CCOO y UGT, CEOE, Sindicato de inquilinas e inquilinos, Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmó la semana pasada tras reunirse con representantes del sector de la vivienda que eran “conscientes de cómo quien quiere escapar de la ley está aprovechando este tipo de contratos”. “Constituimos el grupo en diciembre, el grupo ha trabajado, ha hecho propuestas y están siendo analizadas en el seno del Ministerio”, afirmó la ministra.

Los alquileres de temporada constituyen una modalidad de alquiler distinta a la de alquiler de vivienda habitual, pues está pensada para casos de estudiantes, trabajadores desplazados temporalmente, u otras situaciones que puedan precisar una duración o condiciones específicas y diferentes de la del contrato de arrendamiento de vivienda.

La norma, sin embargo, tiene un escaso desarrollo legal en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Distintas voces del sector inmobiliario han denunciado, además, un incremento de la oferta de los alquileres de temporada que, en muchos casos, podrían resultar en un uso fraudulento, ya que se estaría haciendo pasar un alquiler residencial al uso por un alquiler temporal.

Caso aparte es la casuística de la vivienda turística, que está siendo objeto de otro grupo de trabajo específico convocado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y donde también participa el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.