El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, y la secretaria de Ordenación Territorial, Cristina Narbona, se reunieron hoy n el Congreso de los Diputados con los responsables de las oficinas parlamentarias en cada una de las provincias.

A todos ellos les pidieron que se centren en el acceso a la vivienda como uno de los más graves problemas de los españoles, teniendo en cuenta que será uno de los ejes del programa electoral del PSOE.

El encargo recibido por los parlamentarios es que denuncien la especulación con el suelo como una "política deliberada" del PP, toda vez que no ha mostrado interés en estabilizar el preco de la vivienda y ha reducido considerablemente la construcción de pisos protegidos.

Caldera se remitió al informe del Tribunal de Cuentas para recalcar que las viviendas protegidas se han reducido del 23 por ciento en 1996 a apenas el 5 por ciendo en 2002, lo que se une a la advertencia lanzada ya por el Banco de España sobre la sobrevaloración de la vivienda y el exceso de endeudamiento de las familias.

Los socialistas quieren implantar la idea de que se puede cambiar la política de vivienda "i existe voluntad de hacerlo" y de que, si el PP no lo ha hecho, "es porque prefiere que quienes especulan sigan haciéndolo".

Desde que llegó al Gobierno, sentenció Caldera, el PP se ha comportado "como un enemigo de la vivienda social" con un objetivo premeditado: "que los especuladores puedan hacerse de oro a costa de las familias españolas".

Quieren también dejar clara la idea de que la sobrevaloración de la vivienda afecta a los ciudadanos como un impuesto no contabilizado al medir la presiónfiscal, y que, además, acaba en manos privadas.

Finalmente, harán hincapié en que el problema de la vivienda no puede ser resuelto por quien lo ha creado, sino que ha de ser acometido por otro gobierno.

Para reforzar esa idea, los diputados difundirán en las provincias algunas de las medidas defendidas por el PSOE en el Parlamento durante los últimos meses y que serán incluidas en su programa electoral.

La primera de ellas es la reforma de la Ley del Suelo para modificar los actuales criteris de valoración y hacerlo de acuerdo al mercado actual sin tener en cuenta el valor expectante.

Para compensar el dinero que los ayuntamientos dejarían de percibir a través del suelo, los socialistas solicitan un nuevo pacto local que garantice a los consistorios otras fuentes de financiación.

Proponen también que los suelos públicos se destinen de forma preferente y gratuita a vivienda protegida para evitar que el Estado especule, que se garantice un mínimo del cincuenta por ciento de este tipo e pisos en todas las promociones urbanísticas, y sacar adelante viviendas en alquiler destinadas especialmente a los jóvenes.