Este manifiesto socialista sobre la vivienda cuenta con el respaldo de la Federación de ujeres Separadas y Divorciadas, el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y el Consejo de la Juventud de España.

El "Manifiesto por la vivienda" del PSOE es el siguiente:

1. "Denunciamos la desidia del Gobierno de la Nación, que se declara satisfecho del elevado número de viviendas que se construyen, sin importarle que su precio las convierta en inasequibles para un número creciente de ciudadanos, y, en particular para los jóvees -a los que la carestía de la vivienda impide emanciparse-, las familias monoparentales y los colectivos de menores ingresos.

2. Denunciamos la existencia de una legislación estatal sobre suelo que favorece la especulación, el encarecimiento del suelo y de la vivienda y el uso irracional del suelo, fomentando una expansión injustificada de las ciudades con graves efectos económicos, sociales y ambientales.

3. Exigimos, de todas las Administraciones, una mayor prioridad hacia los problemas del aceso a la vivienda, así como la introducción de criterios de sostenibilidad en el diseño y en la gestión de las ciudades, de forma que se garanticen los derechos establecidos en la Constitución en relación con el acceso a una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, nueva o usada, y el disfrute de un entorno adecuado, así como las condiciones que favorezcan la movilidad laboral en todo el territorio nacional, y que exigen, en particular, la existencia de una amplia oferta de vivienda en alquiler a preci asequible.

4. Exigimos que los suelos públicos no sean utilizados para obtener una financiación que debe ser garantizada, en el caso de los Ayuntamientos por el establecimiento de un auténtico Pacto Local y reclamamos que los suelos públicos se destinen preferentemente a la construcción de viviendas públicas en alquiler, como sucede en los países de la UE.

5. Solicitamos que las viviendas y el conjunto de la ciudad, se diseñen o rehabiliten para favorecer la plena accesibilidad, en especial a maores y discapacitados, lo que requiere la incorporación de criterios específicos en el Código Técnico de la Edificación y en las Inspecciones Técnicas de Edificios así como mejoras en la legislación de propiedad horizontal para favorecer la adopción de decisiones en esta materia. Las promociones objeto de ayudas públicas deben respetar los porcentajes de viviendas destinadas a discapacitados establecidos en las normas.

6. Proponemos una modificación en profundidad de la normativa sobre Vivienda de Proección Oficial (VPO), vigente desde 1978, de forma que se adecúe a las tipologías de vivienda acordes con las características de la sociedad actual, y de forma que se evite, también, el enriquecimiento ilícito de aquéllos beneficiarios de ayudas públicas que especulan sobre la vivienda protegida.

7. Exigimos el establecimiento de medidas que prevengan y mitiguen los efectos del excesivo endeudamiento de las familias españolas, consecuencia del espejismo creado por las facilidades crediticias -en partiular para la adquisición de vivienda-, en un contexto de precariedad en el mercado laboral y de aumento del desempleo.

8. Demandamos, a todas las Administraciones, un mayor esfuerzo de coordinación y concertación, que permita la máxima celeridad en la concesión y disfrute de las ayudas públicas a la vivienda, así como el acceso a la información sobre dichas ayudas y sobre la oferta de viviendas protegidas.

9. Exigimos un mayor control público sobre las condiciones de habitabilidad de las vivienda y sobre la actuación de los diferentes agentes que intervienen en su construcción, venta y, rehabilitación, así como sobre el cumplimiento de la normativa de protección de los consumidores y usuarios y las condiciones legales y contractuales establecidas entre las partes.

10. Asumimos las responsabilidades que nos corresponden como usuarios de vivienda (propietarios o inquilinos) y, en general, como ciudadanos, para contribuir eficazmente al correcto mantenimiento de los inmuebles así como de la ciudd en su conjunto, y para combatir, desde el ejercicio de las legítimas denuncias, toda forma de especulación o fraude en materia de vivienda".