Esta propuesta, nacida en el marco del VIII Congreso Notarial sobre "Suelo y Vivienda en el Siglo XXI", "es una respuesta a la realidad social del siglo XXI, y trat de establecer un marco jurídico adecuado a las demandas y exigencias del ciudadano moderno, tutelando sus intereses, máxime cuando recaen sobre un bien básico como es la vivienda".

El estatuto persigue que el comprador tenga una información total y un asesoramiento jurídico pleno sobre el alcance de lo contratado, para lo que propone la obligación de protocolizar notarialmente, antes de realizar ninguna venta, no sólo la escritura de obra nueva y división horizontal, sino también todos aquellos extreos jurídicos trascendentes (reservas de derechos a favor del promotor, limitaciones del dominio, determinación del sistema de organización de la comunidad, si la hubiera, etcétera), así como los técnicos (especialmente la memoria de calidades y los servicios con que cuente el inmueble).