Se trata de un decreto foral que amplía en 8 años el plazo para la descalificación de estas viviendas después de que, en 1999, fuera elevado ya de 5 a 12 años.

El nuevo tope será efectivo para las viviendas cuya calificación provisional se haya solicitado a partir del 1 de abril de 2003. Además, las viviendas de VPO estarán sometidas al derecho de adquisición preferente por parte del Gobierno de Navarra.

El Ejecutivo de Miguel Sanz prevé así favorecer la existencia de un mercdo suficiente de viviendas de precio limitado durante unos años, lo que moderará los precios de la vivienda residencial.

El Gobierno reconoce que muchos dueños de este tipo de viviendas proceden a descalificarlas como VPO e incluso a devolver las ayudas recibidas, lo que demuestra que su descalificación les resulta rentable desde el punto de vista económico, pero perjudica el esfuerzo de la Administración por mantener el precio de la vivienda.