Durante su participación en el debate del proyecto de ley, Montoro defendió que se trata de la primera vez que existe una norma única para todo el patrimonio público y que acaba con la fragmentación de regímenes especiales en el ámbito patrimonial, al crear un parque único de viviendas y posesiones públicas que se convierte en "instrumento relevante" en la política de vivienda, al permitir manejarle conjuntamente.

La nueva normativa sustituye a una de 164 y ayudará a racionalizar y optimizar el uso de los bienes del Patrimonio del Estado.

Según explicó, se trata de racionalizar el uso de los bienes del Patrimonio y mejorar su administración; configurar el régimen patrimonial general de todas las Administraciones Públicas y dar soluciones a los problemas que se puedan plantear en las Administraciones del Estado autonómico y, por último, actualizar la regulación del patrimonio público empresarial.

El proyecto tiene normas que se aplicarán a todaslas Administraciones Públicas y otras de aplicación específica a la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Para el primer punto, se crea una Conferencia Sectorial de Política Patrimonial, que institucionaliza un foro donde plantear problemas patrimoniales comunes a las diferentes administraciones y donde encontrar las soluciones oportunas.

Además, se configura un parque patrimonial único para facilitar la elección entre un mayor número de inmuebles a las instituciones públicas qu los requieren y se consagra el concurso como medio preferente para la enajenación de inmuebles estatales, para tener en cuenta el precio y el destino de los inmuebles a vender.