Los hechos juzgados hoy se remontan a febrero de 1989, cuando el Pleno Municipal Rondeño suspendió una licencia de obras, con los votos del Partido Andalucista, Izquierda Unida, independientes y la abstención del PSOE.

Las obras de construcción de veinte viviendas contaba con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo, si bien los grupos políticos municipales entendieron que dicha construcción atentaba contra el patrimonio artístico de la ciuda, al no respetar la "histórica fachada" del solar.

Esta obra, promovida por la empresa Galván S.A., contaba con un informe desfavorable del arquitecto municipal, así como con la advertencia realizada por la secretaria de la corporación de una posible ilegalidad sobre la paralización de la construcción.

A lo largo de la vista, los procesados han declarado que su abstención o voto afirmativo se debió a la "defensa estricta de los intereses de Ronda", mientras que la acusación particular ha insistid en los perjuicios que para su parte acarreó la paralización.

A pesar de la orden de paralización, según ha quedado expuesto en la vista oral, las obras nunca suspendieron la actividad. Meses más tarde, un juzgado rondeño revocaba la orden del Pleno Municipal, lo que permitió la finalización de las viviendas.

La Fiscalía ha solicitado una pena de siete años de inhabilitación especial para los acusados, por prevaricación, aumentando a ocho años para el entonces primer teniente de alcalde y hoy prier edil de Ronda, el socialista Juan Fraile.

Por su parte, la acuasción particular, que mantiene la petición de la Fiscalía, ha solicitado una indemnización de trece millones por los perjuicios sufridos por su defendido, Juan Galván, dueño de la promotora.

Las defensas de los procesados han solicitado la libre absolución de los concejales, al entender que en ningún momento actuaron contra la Ley ni incurrieron en prevaricación al votar afrimativamente o abstenerse en la moción de paralización de as obras.