Las acusaciones, que criticaron en su día la levedad de las penas impuestas, centrarán su recurso en elevar los años de prisión para los condenados, mientras que los defensores continuarán exigiendo la absolución para sus representados al considerar que el aceite no produjo el envenenamiento.

La sentencia recurrida reconoció que el síndrome tóxico, que causó la muerte de 330 personas (aunque la Oficina de Gestión de Prestaciones Sociales y Económicas del Síndrome Tóxic tiene censados a 928 fallecidos) y afectó en diferentes grados a cerca de 20.000 personas, tuvo su origen en el consumo del aceite.

De los 38 industriales procesados, 13 fueron condenados y sólo dos, Juan Miguel Bengoechea (que compraba el aceite adulterado en Francia) y Ramón Ferrero (que lo recibía en Madrid y lo distribuía) continúan en prisión, cumpliendo penas de 20 y 12 años, respectivamente, por delito contra la salud pública, imprudencia temeraria profesional y estafa.

Los restantes sigun en libertad tras permanecer encarcelados en prisión preventiva antes de que se celebrara la vista oral, que duró 15 meses, y sólo Bengoechea, Ferrero, Jorge Pich (condenado a 10 años como colaborador del primero), Ramón Alabart (a 4 años por delito contra la salud pública), Florencio Feijó, Adela Jarauta y Ramón Navarro (4 años por estafa) interpusieron recurso ante el Supremo.

Además, 14 empresas a las que pertenecían los industriales sancionados fueron declaradas responsables civiles subsidiariascondenadas a pagar un total de 640.000 millones de pesetas en indemnizaciones, que no se han podido percibir al declararse insolventes las sociedades.

De las 38 acusaciones, 20 decidieron recurrir, entre las que además del ministerio público, representado ante lo excepcional de la causa por Eduardo Fungairiño, fiscal de la Audiencia Nacional que llevó el caso durante el juicio, destacan varias asociaciones de afectados, la Comunidad Autónoma de Madrid y la Organización de Consumidores y Usuarios.

Todas coinciden en reclamar mayores penas para los condenados y la apreciación de la comisión de más delitos que los recogidos en la sentencia, ya que algunos de los procesados fueron absueltos como cooperadores directos del envenenamiento masivo o de falsedades documentales.

Según el fiscal, que en principio solicitó 60.000 años de cárcel para algunos de los encausados, Beegoechea y Ferrero deberían ver aumentada su pena al grado máximo de 30 años, mientras que otras acusaciones estiman que las pena de Alabrt, Salomó y Pich tendrían que elevarse al mismo nivel que las de Bengoechea.

Asimismo, las acusaciones particulares piden que el alto tribunal actualice el censo de muertos por el síndrome tóxico y reajuste las distintas categorías establecidadas de afectados (gran invalidez, invalidez absoluta, total, parcial y orfandad).

Sin embargo, ninguna exige la modificación de las indemnizaciones que sólo se pagaron en el caso de los fallecimientos, con 4 millones de pesetas cuando la víctima eracabeza de familia y 3 millones en el resto de los casos.

Los demás afectados han percibido a lo largo de estos años de la Oficina de Gestión cerca de 50.000 millones de pesetas, según datos de este organismod dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que oscilan entre 42.000 y 50.000 pesetas al mes.

Por su parte, los abogados defensores insisten en demostrar que el aceite desnaturalizado no fue el causante del síndrome, y durante el juicio, muchos compartieron la tésis de que el evenenamiento fue producido por pesticidas utilizados en tomates proveninetes de Almería.

Por su parte, el letrado Jesús Castrillo defendió que la tragedia fue consecuencia de un escape bacteriológico por un accidente ocurrido en la base militar de Torrejón de Ardoz (donde se detectó el primer caso en mayo de 1981), que las autoridades ocultaron a la opinión pública para evitar la oposición a la entrada de España en la OTAN.

El ponente del recurso será el magistrado Enrique Bacigalupo que, junto aGregorio García Ancos, José Antonio Martín Pallín y Ramón Montero, compondrán el tribunal que presidirá Enrique Ruiz Vadillo.