Jiménez Villarejo se pronunció así en una rueda de prensa junto al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, y el portavoz parlamentario, Joan Herrera, antes de participar en una conferencia sobre la anulación de los juicios sumarísimos en la que también intervendrá el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

El jurista, que ha participado en la elaboración de la enmienda a la totalidad presentada por IU-ICV contra el proyecto del Gobierno, recordó al Ejecutivo que hace sólo tres años el partido que lo sustenta defendió en la oposición una proposición no de ley en la que reclamaba la anulación de estos juicios.

En esta iniciativa, firmada por el entonces portavoz socialista y ahora ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en septiembre de 2003, el PSOE hablaba de estas sentencias como "caparazón pseudojurídico que ha de ser destruido, aunque sea a posteriori", por ser contrario a la Constitución.

"Sostenía el precedente legislativo de la Alemania posnazi", relató Jiménez Villarejo citando esa iniciativa socialista, cuando se anularon las sentencias "infames y vejatorias promulgadas por tribunales ilegítimos de la Alemania hitleriana".

En cambio, ahora el presidente del Gobierno justifica su negativa a anular los juicios franquistas en los informes jurídicos y la necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica. "¿Dónde están esos informes a los que alude?", pregunta el ex fiscal. "No los conoce nadie".

Invocar la seguridad jurídica por encima de la "justicia material es un error grave, un error mayúsculo", denunció, más aún cuando se refiere a sentencias que supusieron la "negación más absoluta del derecho y de la justicia", puesto que "todos los principios que inspiran un juicio justo fueron vulnerados".

PERDER LA MEMORIA

Los juicios adoptados por tribunales franquistas entre 1936 y 1975 por motivos políticos quebrantaron, prosiguió, principios básicos como la independencia, el derecho de defensa del acusado, o la posibilidad de recurrir. "Hablar de seguridad jurídica en este contexto es un error de planteamiento", indicó.

Jiménez Villarejo apuntó que entre abril de 1939 y octubre de 1940 fueron fusiladas más de 7.200 personas por Consejos de Guerra, que en enero de 1940 había en España 270.000 presos políticos, y que entre 1939 y 1944 murieron en las cárceles 192.000 personas, bien fusiladas o bien por el hambre y las enfermedades, lo que "también es una forma de genocidio".

Estos datos, y los decretos franquistas que motivaron estas sentencias, continuó, "deberían estar grabados en la memoria de aquellos que parecen no tener memoria", un PSOE que tendría que saber que "la nulidad es la única respuesta positiva y coherente con los principios democráticos del Estado".

Explicó que no pretende que se revise una a una las sentencias, sino anular todos los juicios dictados en un determinado tiempo por determinados tribunales y en aplicación de determinadas normas, una respuesta más sencilla que la planteada por el propio Ejecutivo, que propone una especie de "Consejo de notables" parlamentario que decretará la injusticia de las condenas.

Esta iniciativa pretende una "procesión de miles de personas que acudan al Congreso de los Diputados para pedir que cada fallo concreto se decrete manifiestamente injusto", lo que equivale a presuponer que alguna de esas sentencias fue justa y legítima, remarcó Jiménez Villarejo.

"IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO"

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, atribuyó la actitud poco receptiva del Gobierno ante los argumentos jurídicos y políticos que se le han dado para que modifique el proyecto a un "pacto implícito" que se ha ido adoptando "entre bambalinas en la política española para la impunidad del franquismo".

"Se refugia en una cortina de humo, pero en realidad es una cuestión política, no quiere anular los juicios" por dos posibles motivos: el "miedo al enfrentamiento con el PP y los medios de comunicación de la derecha" o su decisión "de no profundizar en la regeneración democrática" y hacer que una legislatura de cambio sea quede en el "continuismo".

En el mismo sentido, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, lamentó que en el último contacto con el Gobierno, el pasado 31 de octubre, se le dió "argumentos suficientes para que se moviera, pero ese movimiento no ha llegado. No sé si tendrá apoyos parlamentarios suficientes, pero está muy solo, porque el proyecto de ley es frustrante".