El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de junio del año pasado, estaba pendiente de desarrollar mediante una órden ministerial y desató las iras de la industria farmacéutica, que denunció tres días más tarde el acuerdo económico suscrito con el Estado en 1998, a considerar que los precios de referencia suponía una modificación sustancial de las condiciones pactadas.

Aquel pacto suponía la aportación directa de los laboratorios farmacéuticos al Estado de un total de 65.000 millones de pesetas, en los ejercicios de 1998 y 1999.