Las nvestigaciones encargadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, derivadas de las operaciones contra la banda Mufa en 1991 y en la que el SVA intervino 10 toneladas de hachís y detuvo a sus cabecillas, así como de la operación Pitón realizada por la Guardia Civil, dió como resultado la detención de 80 personas.

El SVA continuó sus investigaciones en el seguimiento de quiénes cobraron por la introducción del hachís y en determinar todo el sistema de blanqueo de dinero de la Mufa-Everest,así como en el estudio de 120 personas relacionadas con las organizaciones, tanto en la Costa del Sol como en Sevilla y Cádiz.

En total, los funcionarios intervinieron 1.100 cuentas bancarias, de las cuales una parte importante fueron utilizadas para blanquear dinero a través del cambio de moneda extranjera.

La investigación abarcó los pagos, cobros e intercambios comerciales entre los diferentes miembros de Mufa-Everest, cuyas partidas económicas se ubican en Gibraltar y, sobre todo, Ceuta. Se icluye además el estudio de las cuentas y procedimientos internos de las agencias, que podrían aflorar más dinero y encausados.

Todos los bancos han colaborado con el SVA e incluso cuatro de ellos desplazaron desde Madrid a empleados de sus departamentos de auditoría para facilitar el trabajo de los agentes.

Además del dinero descubierto, están intervenidas cuentas bancarias y activos financieros por más de 1.500 millones de pesetas, de los que 600 millones lo están desde enero de este año.

E grupo de investigación financiera del SVA está integrado por 17 funcionarios y han contado con la colaboración de notarios por orden del juez Garzón, para analizar cerca de 1.000 escrituras de propiedad y de constitución de sociedades, así como otras actas notariales.

Antes de iniciarse las investigaciones fue detenido y trasladado a la Audiencia Nacional para prestar declaración, Pedro Antonio Moreno Carracedo, interventor de una agencia bancaria en Ceuta, que posteriormete fue despedido por el propo banco.