Actualmente existen cuatro procesos judiciales abiertos, dos en lo penal y otros dos en lo mercantil, y la posibilidad de que se determine la apertura de dos nuevos procesos, en lo contencioso-administrativo, para analizar la posible responsabilidad civil del Estado.

Las perspectivas de recuperación de los ahorros por parte de los afectados son escasas y los plazos no están determinados. Según los informes de los administradores concursales de ambas sociedades, con los activos de Forum Filatélico y Afinsa sus clientes no recuperarán más del 20% de lo que tenían invertido en estas compañías.

Los procesos penales se encuentran aún en fase de instrucción, por lo que la posibilidad de recibir indemnizaciones a través de los mismos es aún lejana y con muy pocas posibilidades de que las cantidades recuperadas en lo penal sean significativas. Hasta el momento han sido imputadas más de 20 personas.

La tercera vía, la contencioso-administrativa, es la única que podría permitir que los afectados recuperaran todo lo invertido, pero esto podría producirse, según las distintas fuentes consultadas, tras un periodo muy largo de tiempo, siendo además muy complicado demostrar judicialmente la responsabilidad del Estado.

ACTUACIONES POLÍTICAS

En cuanto a actuaciones políticas, en diversas ocasiones varios partidos como el PP, CiU, el BNG o el PNVhan instado al Gobierno en el Congreso y el Senado a crear algún tipo de fondo para compensar a los afectados por la intervención de estas sociedades, iniciativas que siempre han sido rechazadas por miembros del Ejecutivo.

Por parte del Gobierno, el 22 de abril de 2007 el Consejo de Ministros aprobó la concesión de una línea de crédito del ICO con interés cero para todos los afectados por un valor de 500 millones de euros. Los préstamos estaban en un primer momento abiertos a todos los afectados por un valor máximo del 15% del capital invertido en ambas sociedades, hasta un límite de 3.000 euros.

Recientemente, el 14 de marzo de 2008, el ICO puso en marcha una ampliación de estos créditos que extiende el importe máximo que pueden solicitar los afectados hasta el 17,5% de lo reconocido por la Administración Concursal hasta un límite de 6.000 euros.

Además, para aquellos colectivos en situación de especial dificultad económica, el límite del anticipo se amplía hasta el 40% del importe reconocido en el procedimiento concursal, con un importe máximo de 15.000 euros. Para que el afectado sea considerado en esta categoría debe estar en situación de desempleo, jubilación o discapacidad o ser perceptor de prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social inferiores en su conjunto al salario mínimo interprofesional.

Según los últimos datos hechos públicos por el ICO, unos 30.000 afectados han demandado estos adelantos por un importe algo superior a 60 millones de euros.

La ampliación de estos créditos es fruto de la ley de regulación de bienes tangibles aprobada por el Congreso el 29 de noviembre de 2007, con el objetivo de impedir que puedan repetirse en el futuro presuntas estafas como las de Forum y Afinsa. En su tramitación en el Senado, el Grupo Socialista se vió forzado a aceptar la ampliación de los créditos para evitar que prosperara un veto del PP al proyecto de ley.

PROMESAS ELECTORALES

El caso filatélico también tuvo cierto protagonismo en la campaña electoral de las pasadas elecciones generales del 9 de marzo. De hecho, el candidato popular, Mariano Rajoy, remitió una carta a los afectados en la que se comprometía a impulsar diversas medidas de apoyo si vencía en los comicios.

Entre dichas medidas, destacaba la constitución de un fondo de garantía para cubrir los perjuicios ocasionados a los inversores en activos tangibles y la creación de una línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial para los afectados, que cubriera el 100 por 100 de la inversión, sin intereses y con una duración equivalente a la resolución del proceso concursal y de los procedimientos judiciales.

Por otro lado, pocos días después de la intervención de las sociedades el Gobierno aprobó la concesión de dos millones de euros a las organizaciones que forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios para el asesoramiento y la defensa de los afectados y creó una ventanilla única de atención a los perjudicados en los procesos penales y concursales.

Sin embargo, el pasado 26 de febrero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró nulas parte de estas ayudas, por valor de 1,3 millones de euros, al aceptar parcialmente una denuncia de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc). El motivo de la anulación es que el Supremo considera que constituyen subvenciones a gastos procesales.

Entre los afectados, la sensación es que las ayudas gubernamentales están siendo insuficientes, sensación que ha podido palparse en varias movilizaciones que han reunido recientemente a miles de afectados en Madrid. La última, el 16 de febrero, se realizó pocos días antes del arranque de la campaña electoral. En ella, la Coordinadora Estatal de afectados de Forum y Afinsa (Ceafa) reclamó soluciones políticas inmediatas y denunció que unos 2.000 afectados han fallecido en los dos años transcurridos desde la intervención.