Estas "microtelevisiones" locales, que operan en España desde 1985, llevan a las pantallas de sus abonados hasta 120 películas mensuales sin autorizacin alguna de los titulares, en beneficio únicamente de sus gestores.

Según la FAP, esta actividad ilegal ha causado el cierre de numerosos videoclubes y ha dificultado el desarrollo de la televisión local en España.

Recientemente, la Audiencia Nacional condenó a tres personas a penas de prisión y a indemnizar con 12.000 millones de pesetas a los productores cinematográficos afectados por la organización de una red de distribución de películas para vídeos comunitarios.

La Guardia Civil ha descbierto esta semana otros tres centros emisores que emitían películas de manera ilegal, uno localizado en Sevilla y los otros dos en la localidad alicantina de Redován.