Garzón dictó esta resolución después de que los Parlamentos vasco y navarro le informasen, tras solicitarles estos datos, de que 7 de los miembros de la Mesa Nacional de HB son diputados autonómicos.

En concret, Adolfo Araiz y Florencio Aoiz son diputados en el Parlamento Navarro mientras que Mati Iturralde, Itziar Aizpurua, Joxe Mari Olarra, Tasio Erkizia y Karmelo Landa son parlamentarios del País Vasco.

En su providencia, el magistrado indica que, dado que se imputan hechos que podrían ser constitutivos de un presunto delito de colaboración con banda armada "y del que podrían ser responsables los miembros de la Mesa Nacional de HB", pide al fiscal que le informe si procede elevar una exposición al presidnte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo "al aparecer elementos que podrían justificar responsabilidades directas de las personas aforadas antes citadas".

En este sentido, precisa que las leyes orgánicas de dichos parlamentos "disponen que fuera del ámbito territorial de Navarra y del País Vasco, respectivamente, la responsabilidad penal de los parlamentarios será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

Asímismo, requiere al fiscal que dictamine si, por l contrario, debe inhibirse de las actuaciones a favor del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tal como solicitó la defensa del dirigente de HB Jon Idígoras.

Fuentes judiciales consultadas por Servimedia indicaron que previsiblemente la Fiscalía de la Audiencia Nacional informará a favor de remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, puesto que el delito del que podrían ser responsables los parlamentarios de HB traspasa el ámbito de la correspondiente comunidad autónoma.

Explicaron quelas leyes orgánicas de los Parlamentos vasco y navarro establece que los diputados de dichas comunidades autónomas responden penalmente ante los correspondientes tribunales superiores de justicia si el delito que se les imputa fue cometido dentro de la comunidad.

Sin embargo, agregaron que dichas leyes también indican que si dicho delito fuese perpetrado fuera del ámbito de la comunidad, la competencia para proceder contra los parlamentarios autonómicos correspondería a la Sala Segunda del Tribunal Suremo.

En este caso, el presunto delito de colaboración con banda armada traspasaría el ámbito de dichas comunidades autónomas, dado que los vídeos de HB, cuya difusión prohibió el juez Garzón, fueron distribuídos en Madrid tanto a la televisión pública como al rey don Juan Carlos y al presidente del Gobierno, Felipe González, a quienes los dirigentes de la coalición enviaron copias de los mismos.