En su informe, elaborado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, tras ser requerido por el juez Garzón, la fiscalía considera que, por ello, "es procedente elevar atenta exposición" a la Sla Segunda del Alto Tribunal "a fin de que resuelva si decide reclamar la competencia de las actuaciones".

El fiscal indica que en las diligencias abiertas por el juez Garzón se investigan y persiguen concretas actividades decididas y resueltas por los componentes de la Mesa Nacional de HB, que son la aceptación y difusión del primer video de ETA y la confección y difusión de vídeos y cuñas radiofónicas electorales en las que la coalición cedía su espacio a ETA.

Indica que todas estas actividadesconstituyen un delito de colaboración por banda armada, del que pueden considerarse imputados a los integrantes de la Mesa Nacional de HB.

Por ello, tras señalar que está acreditado que 7 miembros de la Mesa Nacional de HB ostentan la condición de diputados de los parlamentos de Navarra y del País Vasco, afirma que, por ello, la competencia para conocer de los hechos que se imputan a áquellos "no puede estar atribuída a un juzgado central de la Audiencia Nacional".

Afirma que esto se debe a que sgún los estatutos de los parlamentos navarro y del País Vasco, la competencia para conocer de los actos delictivos cometidos por los miembros de esas cámaras en el ámbito territorial de la comunidad autónoma correspondiente, pertenece a los tribunales superiores de justicia de dichas comunidades.

"Consecuentemente, en una primera aproximación, puede entenderse que uno u otro Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o de Navarra es el competente para conocer de los hechos", señala.

Sin embargo destaca que tal como reconoce el abogado de Jon Idígoras, encarcelado por este motivo, y de HB en su recurso contra las resoluciones del juez Garzón, los hechos han tenido lugar fundamentalmente en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, por lo que, de aceptarse este hecho, los parlamentarios de HB han delinquido, presuntamente, fuera del ámbito territorial de las respectivas comunidades, ya que los del País Vasco lo habrían hecho en Navarra y los de esta comunidad, en el País Vasco.

Además, recuera que los vídeos de propaganda electoral de HB fueron remitidos a TVE y RNE en Madrid así como al presidente del Gobierno, Felipe González, y al rey don Juan Carlos.

Por ello, concluye que al traspasar la comisión del presunto delito el ámbito territorial de las comunidades autónomas en las que los miembros de HB son parlamentarios, la competencia para proceder contra los parlamentarios de la coalición corresponde al Tribunal Supremo.

Fuentes judiciales señalaron que tras recibir el informe del fscal, el juez Garzón procederá a resolver sobre la competencia previsiblemente a favor del Tribunal Supremo, al que podría elevar la causa en los próximos días.