El compromiso alcanzado por el PSOE y el PP traslada a los debates en el Senado sobre presupuestos la forma de financiar estas ayudas, sobre las que sí existe consenso para que beneficien a las personas que queden inútiles por actos de terrorismo y los familiares de fallecidos en atentados que no estén incluidos en la Seguridad Social.

El acurdo entre los dos partidos mayoritarios reconoce también el derecho a percibir estas pensiones a aquellas personas que hayan quedado inutilizadas en atentados anteriores a 1992, aunque estos afectados sólo podrían hacer efectivas sus ayudas a partir de esa fecha y no con carácter retroactivo.

Sin embargo, ambas formaciones no coincidieron en el Congreso en la forma de financiar estas pensiones, por lo que se han comprometido a consensuar una fórmula en el debate presupuestario del Senado.

El PSOEhabía propuesto en su enmienda que la cuantía de las pensiones ascienda al doble del salario mínimo interprofesional (53.050 pesetas mensuales en 1991).

Por su parte, el PP pretende que estas pensiones se paguen mediante un fondo cuyo importe sería el 20 por ciento del dinero recaudado en el IRPF para fines sociales, un 0,52 por cien de los ingresos totales por este impuesto.