El atentado fue cometido por ETA el 19 de junio de 1987 en los citados grandes almacenes, en Barcelona, y en él murieron 21 personas. Según la sentencia, las fuerzas de seguridad no actuaron como deberían haberlo hecho.

La persona a quien el Estado deberá indemnizar con 45 millones de pesetas es AlvaroCabrerizo, que perdió a su esposa y a sus dos hijas, de 15 y 13 años.

La AVT considera que "después de siete años se ha hecho justicia con uno de los afectados por esta acción criminal" y anuncia que presentará por segunda vez a los grupos parlamentarios un proyecto de ley en el que pide la creación de un fondo de garantía penal con el que se haga frente a las necesidades que tienen las víctimas de actos terroristas.