Con esta medida, las víctimas de Pinochet tratan de presionar a las autoridades británicas, y en concreto al ministro Jack Straw, para que recapacite su decisión y permita que el ex dictador sea juzgado en España.

La iniciativa cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos, como el Movimiento contra la Intolerancia, las asociaciones Pro Derecho Humanos de España y Argentina, el PSOE, Izquierda Unida y Nueva Izquierda, entre otras.

Antes de iniciarse el encierro, las víctimas de Pinochet leyeron un comunicado, en el que exigieron "un proceso transparente y justo" al ex dictador y consideraron "inadmisible que el poder ejecutivo se entrometa en las competencias del poder judicial hasta el punto de acabar con el proceso de extradición".

Añadieron que en el caso de que se deniegue la extradición de Pinochet, el derecho internacional obligaa la Fiscalía Pública del Reino Unido a iniciar un proceso en su contra y subrayaron que Pinochet no debe ser enviado a Chile porque ha de ser desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago y luego ratificado por la Corte Suprema, cuyos componentes han sido nombrados mayoritariamente por el ex dictador.

Asimismo, indicaron que si prosperase incluso esta medida, debe ser aprobada por el Senado de Chile, que cuenta con siete senadores designados (de un total de 32), la mayoría de ellos nombrados porPinochet. "En el caso de que se le desaforara, se le aplicaría la Ley de Amnistía de 1978 y las querellas pasarían a los tribunales militares que han sido paradigma de la impunidad y ejecutores de la represión", precisaron.

Finalmente, denunciaron el papel del Gobierno español, "que se ha situado en la equidistancia entre víctimas y verdugos y que nunca ha atendido la defensa de las víctimas, ni siquiera ha tenido la sensibilidad de recibirnos".