En un recurso de nulidad presentado ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los recurrentes piden que se anule el auto emitido el pasado viernes por este tribunal. En ese escrito, la Audiencia se declaraba incompetente para juzgar los delitos cometidos fuera de España.

El auto del pasado viernes, que archivó el caso del asesinato en Chile del diplomático español Carmelo Soria, se basaba en una decisióndel Tribunal Supremo, que consideró que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para perseguir un delito como el presuntamente cometido por el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegui, al dar vivas a ETA en Francia.

No obstante, para los recurrentes, el auto de la Audiencia tiene numerosos defectos de forma y se basa en un simple auto del Supremo, que ni siquiera es una resolución firme, por lo que no sienta doctrina.

Además, los familiares de las víctimas consideran que los hechos que dieronlugar a la querella contra Otegi están tipificados como delito de opinión. En cambio, "los hechos imputados al general Herman Brady (...) integran los presuntos delitos de terrorismo y torturas masivas o sistemáticas".

En su opinión, los tribunales españoles tienen competencia para conocer los delitos de terrorismo, de acuerdo con los principios de la jurisdicción universal que establece el artículo 23.4b de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).