Así se desprende del primer estudio epidemiológico sobre trastornos mentales de víctimas del terrorismo en España, realizado por los psiquiatras María Luisa Cabanas Arrate y Enrique Baca-García, en colaboración con la Asociación Víctimas del Terrorismo.

De acuerdo con este trabajo, denominado "Proyecto Fénix", la población de víctimas del terrorismo y sus familiares directos presenta una probabilidad de ser un caso psiquiátrico que oscila entre "el doble y el cuádruple" del que presenta el resto de a población general española.

Los autores hacen esta comparación a partir de estudios anteriores sobre población española en general en relación con la salud mental, en los que se establece una prevalencia de entre el 11,5 y el 20,9% de que un ciudadano acabe padeciendo un trastorno mental a lo largo de su vida.

Considera el informe que, en relación con las víctimas del terrorismo, "estamos ante un grupo poblacional de grave riesgo de padecer problemas emocionales que no tiene, en principio, otrofactor causal diferente que la circunstancia de haber sido víctimas de una acción terrorista".

Los trastornos más frecuentes en esta población son los síntomas de ansiedad, depresivos y los somatomorfos, que son aquéllos que transforman problemas psíquicos en síntomas orgánicos de manera involuntaria. También el tipo de atentado (específicamente aquel en el que se han empleado explosivos) predice la aparición de alteraciones emocionales.

Otro factor de riesgo es la falta de apoyo de la familia. Criosamente, en el caso de la familia política de las víctimas de un atentado, se da la circunstancia de que la falta de apoyo de esta última en el momento del suceso supone un factor de riesgo en los familiares de las víctimas, y no tanto en las víctimas directas.

Este ultimo dato, según los responsables de este trabajo, "podría reflejar la sensibilidad de las viudas y huérfanos (mayoría de los familiares de víctimas) ante la percepción de una falta de apoyo por parte de la familia de origen de la vícima, haya fallecido o no ésta".

PEOR SALUD GENERAL

El Proyecto Fénix dedica un apartado específico a las consecuencias que sobre el estado de salud general de la víctima se han producido tras el atentado en cuestión. Así, se indica que mientras el 10,5% de las víctimas directas sufrían algún problema de salud general antes del acontecimiento traumático, dicho porcentaje subió hasta el 52,3% tras el mismo.

Esta misma tendencia a empeorar el estado de salud general de forma consistente tras el atntado y en comparación con el periodo anterior al mismo se evidencia también tanto en los familiares de las víctimas (del 10,5% al 35,4%) como en los que son al tiempo víctimas directas y familiares de víctimas (del 6,5% a un 44,2%).

"Puede decirse", señala el informe, "que el estado de salud general de esta población es significativamente peor tras el atentado, y ese empeoramiento se mantiene a lo largo del tiempo".

Un último dato alude al seguimiento informativo que las víctimas o sus familias acen de los procesos policiales y judiciales emprendidos contra los autores de los atentados de que fueron objeto.

Las víctimas directas "mantienen un claro interés por las noticias acerca de este fenómeno (el terrorismo) y las siguen en los medios de comunicación (más del 70%), se interesan por conocer quiénes son los autores del atentado sufrido y si son juzgados o no". Por el contrario, los familiares de víctimas mantienen una actitud "más distante" en relación con este tema.

Hay, no obstante,un punto en que coinciden víctimas y familiares, y es que ambos estiman abrumadoramente que no se les ha hecho justicia y critican seriamente el funcionamiento de la misma (99% en el caso de familiares y 96,6% en el de víctimas).

El Proyecto Fénix se concibió como un programa de investigación sobre las consecuencias psicológicas, psicosociales y psicopatológicas que los atentados terroristas tenían sobre las víctimas y sus familiares directos. Las 2.998 personas pertenecientes a 544 familias estudiada estaban afectadas por un total de 426 atentados cometidos a lo largo de los últimos 25 años. En 360 de esos atentados se produjeron víctimas mortales.

El trabajo se inició en una primera fase en 1986, pero únicamente sobre las víctimas que pertenecían al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, en 1997, los estudios se ampliaron al resto de víctimas. El proyecto continúa abierto.