El Gobierno ha desestimado su soliciud por considerar que no padeció secuela alguna tras el atentado. Asimismo, recuerda que la ley no indemniza los daños materiales.

Esta es una de las 209 denegaciones definitivas que ha resuelto el Ejecutivo en relación con la ley de solidaridad de las víctimas, y cuyos expedientes fueron solicitados por la diputada del PNV Margarita Uría.

El Ministerio del Interior ha recibido la solicitud de la familia de Francisco Lemousín, secuestrado del 19 de julio al 22 de agosto de 1985 por ETA. Sus familares querían que el Ejecutivo les pagara el dinero que pagaron a ETA por su rescate. Según fuentes solventes consultadas por Servimedia, esta cantidad rondaba los quince millones de pesetas.

La respuesta de Interior señala que ese supuesto no está previsto por la ley de Solidaridad, "no contemplándose el perjuicio económico como es el pago de un rescate".

CASO ALMERIA

Entre los expedientes desestimados, a los que tuvo acceso Servimedia, está el de un hermano de uno de los fallecidos en el llamao "caso Almería".

Los hechos ocurrieron el 10 de mayo de 1981 cuando tres jóvenes, Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero, que viajaban de Santander a Almería para acudir a la primera comunión del hermano de Mañas, fueron confundidos con unos etarras del "comando Madrid".

Tras ser arrestados por una patrulla de la Guardia Civil, fueron trasladados a un cuartel y torturados. Después, se les introdujo en un coche y sus cuerpos aparecieron calcinados dentro del Ford Fiesta que conducían, en una cunetade la carretera de Gergal. Por estos hechos fueron condenados en 1982 el teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Castillo, a 24 años de prisión, de los que cumplió once, y los guardias civiles Manuel López y Manuel Fernández.

El Gobierno deniega su solicitud de indemnización a los familiares de uno de los fallecidos por no considerar que los hechos sean actos de terrorismo ni que la autoría de los mismos sea una banda armada.

El Ministerio del Interior también ha rechazado conceder la indemniación a un concejal del PP del Ayuntamiento de Rentería que había sufrido un ataque a su vivienda en la localidad de Irún.

Otras 4 personas habían pedido ampararse en la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo alegando haber tenido familiares que murieron en la cárcel de Bata (Guinea Ecuatorial) durante el régimen del presidente de la República de Guinea Ecuatorial.