López Guerra regresará el próximo miércoles a su cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, en Cáceres, despés de cuatro años como letrado y nueve como magistrado del Alto Tribunal.

Sobre el futuro, descartó su paso a la política. "Lo que sí tengo claro es que no voy a entrar en política", dijo, y manifestó su intención de dejar pasar el periodo legal de tres meses para la actualización científica. "Al salir del Tribunal es conveniente un tiempo para la reflexión y el distanciamiento".

De cualquier forma, sobre la posibilidad de regular el paso de magistrados a la política indicó que "cualquier revisió legislativa sobre la participación de los jueces en la política debe hacerse con cuidado, sin descalificar lo que de noble servicio a la sociedad tiene, tanto los políticos como los jueces".

"No quiere decir que vea obstáculos para quien desde la judicatura haya accedido a la política, o vuelva a su cargo de juez. La participación en la política no descalifica al que la desempeña. Tenemos que acabar con la visión peyorativa del político. La cultura de exigir a los jueces que no se contaminen con la plítica es propia del pasado", aseguró López Guerra.

"En países de amplia tradición democrática, como Estados Unidos, los jueces los elige el presidente, generalmente de entre políticos. El problema es asegurar la imparcialidad del juez, porque puede afectar a la imagen que la sociedad tiene de la justicia".

EL JUEZ QUE VUELVE DE LA POLITICA

"Al juez que vuelve de la política", añadió el vicepresidente del Constitucional, "hay que exigirle que sea muy cuidadoso en aquellos casos en que haya tenio algún tipo de relación entre su actividad política anterior y el desempeño de la función de juzgar. Porque puede resultar muy peligroso para la imagen de la justicia que procedimientos que han pasado ya por varias instancias resulten revocados porque otro Tribunal superior aprecie que se han vulnerado derechos del acusado, por falta de imparcialidad del juez, que pueda viciar todo el procedimiento".

En cuanto a la instrucción del sumario y la prisión preventiva, Luis López Guerra, aseguró que la actal situación deriva de una justificada desconfianza, durante generaciones, hacia el Poder Ejecutivo.

"En España", afirmó, "la opinión pública no se ha fiado de que los fiscales instruyeran el proceso, porque consideraban que estaban influidos por el Ejecutivo. Yo creo que esa situación se ha superado. Resultaría de mayor garantía para las partes que la instrucción y la eventual prisión preventiva la dictara el juez, a petición del fiscal. Así habría más neutralidad por parte del juez en la instrucción después de oir a las partes, y menos protagonismo que el que tiene en estos momentos. Eso también exigiría reforzar la independencia del propio Poder Judicial y del ministerio fiscal, respecto al Ejecutivo".

"Porque si, como ahora, quien inicia el procedimiento decide la prisión provisional, de alguna forma ha tomado partido sobre la posición del acusado, y eso le condiciona, incluso psicológicamente, para revocar sus actuaciones. Quizás sea penoso plantear esta reforma ahora, cuando las personas quesuenan en los procesos en marcha son ricas y poderosas", agregó.

"Pero alguna vez hay que reformar lo que no funciona, sin caer en el reformismo y contrarreformismo permanente, y asegurando los elementos de continuidad que existen en el Estado, cualquiera que sea la ideología del Gobierno".

"Lo mismo digo del señalamiento de la fianza", continuó. "Se podría lograr mediante la autorización de avales. En los países angloamericanos hay empresas especializadas en prestar fianza, de las que el acusadosólo paga un jugoso interés".

BALANCE EN EL CONSTITUCIONAL

Sobre su experiencia de trece años en el Tribunal Constitucional, su vicepresidente, Luis López Guerra, estima que ha contribuido a crear jurisprudencia sobre el proceso de consolidación de las autonomías. "Creo que el Tribunal ha completado el modelo del Estado autonómico y, a través de los recursos de amparo, ha depurado el procedimiento procesal".

"Por primera vez en la historia de España se ha evitado la confrontación territorial. Cexisten la unidad del sistema político y la diversidad de sus nacionalidades y regiones. Creo que esto nos ha salido muy bien. Otra cosa es que ahora se tiene que garantizar la solidaridad y la eficacia administrativa y presupuestaria, manteniendo el acuerdo básico entre unidad nacional y pluralismo territorial, en el marco de la unidad europea".

En cuanto al riesgo de que el Tribunal Constitucional haya entrado, en ocasiones, en el ámbito de los jueces ordinarios y en especial del Tribunal Supremo, Lpez Guerra afirma que "el Constitucional no puede sustituir a los tribunales ordinarios en su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

"El propio Constitucional, después de la polémica pública que hubo hace meses, está reconsiderando su posición, para evitar convertirse en una segunda instancia de casación, suplantando lo que es propio del Tribunal Supremo. Los doce jueces del Tribunal Constitucional no pueden ser los protectores habituales de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tiene que ser los miles de jueces que están en contacto diario con ellos. El Constitucional debe estar en último lugar, fijando las grandes directrices o revisando las cuestiones de controversia".

"Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la sociedad democrática ha supuesto un aumento exponencial de la litigiosidad, a la que debe dar respuesta el Ejecutivo, dotando de más medios al Poder Judicial. El Tribunal Constitucional debe ser la última instancia en la interpretación de la Constitución, pero no pede convertirse en una tercera instancia, para corregir las insuficiencias de la Administración de Justicia".

"Si viniera una mayoría conservadora, me resulta difícil pensar que vaya a volver al recurso previo de inconstitucionalidad. Cuando se está en el Gobierno se piensa de otra manera. Quizá pueda cambiar la composición de origen parlamentario del Consejo General del Poder Judicial. La cuestión está abierta; como una eventual reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que el presiente no tenga voto de calidad y se vaya a una solución como la alemana, en que hace falta la mayoría absoluta para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Pero eso tengo curiosidad por verlo, si se da el caso de que el PP acceda al poder".

En cuanto a la corrupción, Luis López Guerra destacó el papel de la prensa en sacar a la luz delitos que el ministerio fiscal o la policía no han sabido detectar.

"Quizá por falta de medios para detectar delitos complejos como las redes de narcotráfico, lo delitos económicos, el tráfico de influencias o las informaciones privilegiadas. Y es que el derecho tiene que ajustarse permanentemente a la realidad social, para que ésta no le desborde. Porque esas conductas, como ha dicho el propio Gobierno, hay que perseguirlas, caiga quien caiga".