La juez Llorente, instructora del "caso Ollero", tomó declaración al viceconsejero por su participación en la adjudicación de los contratos irregulares por valor de más de 100 millones de pesetas a Industria de la Piedra S.A. (Inpiasa).

Esta empresa, deicada al lavado de la piedra, obtuvo el encargo de la Junta de Andalucía de suministrar la infraestructura informática para las elecciones autonómicas de 1990.

El abogado del viceconsejero, Fernando Martínez, aseguró que su defendido no ha sido acusado de cohecho, aunque sí de prevaricación y falsedad en documento público.

De Paula reiteró que fue el ex jefe de Seguridad de la Junta quien encargó esas obras a Inpiasa, propiedad de unos amigos suyos, según reveló el abogado del PP personado en el aso, Manuel Seco.

Seco agregó que De Paula ha sido imputado por la adjudicación con infracción de las normas de procedimiento, ya que los contratos fueron firmados por el propio viceconsejero.

Los otros cinco funcionarios de la Consejería de Gobernación imputados también por presuntos delitos de falsedad y cohecho coincidieron en declarar ante la juez que el viceconsejero estuvo presente en las reuniones donde fueron adjudicados dichos contratos.

Por su parte, los partidos de la oposición exgieron recientemente en el Parlamento Andaluz responsabilidades políticas al consejero de Gobernación, Angel Martín Lagos, a quien reclamaron la dimisión del viceconsejero, por considerarlo responsable último.