Según confirmó a Servimedia el propio Díaz Romón, cuando anoche estaban reunidos con trabajadores de esta empresa en crisis y se dirigían a la puerta para dejar las dependencias, "nos impidieron salir del despacho del alcalde".

Este "secuestro" no intranquilizó a los altos cargos municipales y regionales que se quedaron esperando poder salir, lo que sucedió hacia las 3 de la mañana, cuando un empleado de La Seda entró y dijo: "La puerta está franca".

Todo comenzó cuando el viceconsejerode Economía del Gobierno regional recibió ayer en su despacho, hacia las 20,30 horas, una llamada del alcalde rogándole que acudiese a Alcalá de Henares a mediar ante los trabajadores, que "habían tomado" el Ayuntamiento.

Los empleados de La Seda querían saber el estado de las negociaciones entre Cajamadrid, la CAM y los directivos de su empresa sobre el compromiso de la entidad crediticia -apoyado por el consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega- de comprar unos terrenos de La Seda para obteer 1.000 millones de pesetas, dinero que podría ayudar a sanear la maltrecha situación de la compañía.

Las diferencia entre las posturas de Cajamadrid y La Seda radican, según Díaz Romón, en que la empresa ofrece terrenos cuyo valor es menor que la cantidad ofrecida.

Eduardo Díaz Romón atendió a las peticiones de Campos y acudió hacia la 22 horas a las dependencias municipales, "abarrotada de trabajadores de La Seda en las inmediaciones y en el interior del Ayuntamiento (unos 300)", para "tranquiizar a los manifestantes y comentarles la situación actual de las negociaciones".

Cuando todo parecía que se iba a calmar -"todos quedamos citados a las 9 de hoy en mi despacho"-, saltó lo imprevisto: el alcalde, algunos concejales y el viceconsejero de Economía no pudieron salir hasta las 3 de la madrugada.

La Seda es una empresa con factorías en Alcalá de Henares y Barcelona. Los que hasta hace menos de dos años eran sus dueños, una multinacional holandesa, abandonaron la empresa y vendieron la acciones a un abogado catalán.

Desde ese momento, la empresa ha entrado en crisis y los 700 empleados de Madrid vienen reivindicando, con movilizaciones, medidas que hagan posible la viabilidad del proyecto.

El compromiso de la CAM consiste en el ofrecimiento de ayudas financieras valoradas en 1.000 millones de pesetas, a cuyo fin intercedió ante Cajamadrid para que realizase la operación.