"Nadie entendería que los perros de caza quedasen fuera de la Ley de Bienestar animal, que lo único que persigue es el maltrato, el sacrificio y el abandono. Esta ley, tan demandada por la sociedad, debe salir adelante cuanto antes. Hoy hablamos de ello con colectivos animalistas", indicó Verstrynge en sus redes sociales tras una reunión en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con representantes de más de una decena de organizaciones en defensa de los animales.

A la reunión también acudió el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, quien indicó en sus redes sociales que los asistentes al encuentro coincidieron en "la necesidad de hacer ver al PSOE que los perros de los cazadores deben estar incluidos en la Ley de Protección Animal". "No se puede permitir que sean maltratados con impunidad", añadió.

“NORMA PIONERA”

Fuentes de Derechos Sociales recalcaron que los representantes animalistas apoyaron en la reunión "las negociaciones que buscan retirar la enmienda presentada por el PSOE que deja desprotegidos a perros como los que realizan actividades cinegéticas".

"Para los colectivos, la enmienda es problemática no solo por la vulnerabilidad que plantea para los perros de los cazadores, sino porque también afecta a otros canes" que deberían contar con la misma protección, "como los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los que realizan labores de asistencia o terapia", recalcaron esas fuentes.

Además, los animalistas destacaron en la reunión que esa enmienda "impugna la razón de ser de la ley, que es la protección de todos los animales, independientemente de la tarea que realicen".

El texto se encuentra actualmente a la espera de ser aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados. "Se trata de una norma pionera en nuestro país y en los de nuestro entorno, puesto que apuesta por medidas como el sacrificio cero, la lucha contra el abandono o el endurecimiento de las penas por maltrato, entre otras medidas", según Derechos Sociales.

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto incluía a los perros de caza en la norma, pero el PSOE presentó una enmienda en septiembre para excluirlos de su ámbito de aplicación.

Los socialistas también pretendían dejar fuera de la ley a los perros de rehalas y animales auxiliares de caza, así como los empleados en actividades específicas (las deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado) y los utilizados en actividades profesionales (perros de rescate, animales de compañía utilizados en intervenciones asistidas o animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas).

COMPÁS DE ESPERA

El proyecto de ley estuvo en un compás de espera en el Congreso ante las discrepancias de Unidas Podemos, que ha impulsado la ley desde el departamento dirigido por Belarra, con la propuesta del PSOE -socio de coalición en el Gobierno de Pedro Sánchez- respecto de los perros de caza.

En un intento de desbloquear la tramitación parlamentaria, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 propuso al PSOE que tome como ejemplo la ley autonómica de defensa de los animales de Castilla-La Mancha, en vigor desde 2020 y que establece que los perros de caza quedan excluidos de la aplicación de la norma mientras participen en actividades cinegéticas. Esta excepción no implica que se les pueda maltratar, agredir, causarles algún tipo de sufrimiento o abandonarlos, en cuyo caso se les aplicaría el procedimiento sancionador recogido en la norma.

Tras un tira y afloja de más de una semana, la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de diciembre una transaccional a la enmienda del PSOE (con el apoyo de los socialistas, el PP, Vox y el PNV) que establece que todos los animales mencionados “se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente, y que les sea de aplicación al margen de esta ley”.

La norma está pendiente de ser aprobada en el Pleno del Congreso, lo cual sucederá previsiblemente el próximo mes de febrero, antes de que el texto continúe su tramitación en el Senado.