Garrido explicó, en una rueda de prensa, que el "caos urbanístico español" no sólo es un "cáncer para la democracia por la corrupción política que hemos visto en los últimos días en Marbella, sino también una seria traba para que el modelo de desarrollo español avance hacia un modelo sostenible y competitivo".

Denunció que el crecimiento urbanístico es el primer causante de que España ocupe el "último peldaño de los países que están más lejos cumplir el protocolo de Kyoto" y es también el origen "del consumo de energía y de la producción de residuos más contaminante y voluminosa de la economía española".

Que se hayan construido más de 800.000 viviendas en un año ha provocado en España "uno de los modelos de desarrollo más insostenibles de Europa, con un bajo aporte de capital tecnológico, deficiencia energética, y un índice de productividad de los más bajos de la UE".

Por todo ello, el dirigente de Los Verdes reclama una "reforma en profundidad de toda la legislación que regula la ordenación del territorio, empezando por una nueva Ley del Suelo", en la que se elimine la "ambigüedad" en la descripción de las zonas urbanizables y no urbanizables.

Reclamó un modelo de "competencias escalonadas, que permitan supervisar las vulneraciones de la legislación urbanística", porque, aunque se opone al "centralismo vigente", tampoco es partidario de dar plenas competencias en materia urbanística a los ayuntamientos, que sería como "colocar al Conde Drácula a vigilar un banco de sangre".

En su proposición no de ley, registrada en nombre del Grupo Socialista, Garrido emplaza al Gobierno a constituir en un mes, a partir de la aprobación de la propuesta, una ponencia que, durante un plazo máximo de un año, elabore un estudio sobre los impactos ambientales del crecimiento urbanístico.