Los Verdes acusaron concretamente a los diputados Francisco Garrido Peña y a Alvaro Antonio Martínez Sevilla y a Los Verdes de Andalucía (partido que no pertenece a la Confederación) junto a otros miembros del parlamento andaluz, y señalaron que, aunque no tienen pruebas documentales que les permitan mantener una acusación formal, disponen de "medios de pruba" para formalizar una acusación formal.

Este grupo interpondrá una querella criminal contra los ya mencionados por falsedad en documento público y por usurpación de cargos y funciones "para los que no se hallaba formalmente habilitado, y de los cuales había sido previamente desposeído", según dicho comunicado.

Asimismo, solicitaron a los grupos parlamentarios del Senado que, en su momento, concedan el suplicatorio que permita a la Confederación de Los Verdes exigir las "muy graves" responsabiliades en que han incurrido dichas personas.